Se entiende como participación ciudadana la implicación ordenada de la ciudadanía de forma individual o colectiva en la definición, proposición, ejecución y valoración de las políticas públicas, de forma que se representen la pluralidad de intereses existentes en el contexto para el que resulta relevante. La ciudadanía puede implicarse con distintos grados de profundidad en los procesos: puede tratarse de procesos consultivos, de co-creación y co-decisión hasta procesos de liderazgo.

La promoción de la participación desde la esfera pública tiene un recorrido limitado y todavía queda un largo camino para instaurar una cultura de participación de calidad que permita generar los resultados para los que estaba contemplada. Afortunadamente, los esfuerzos simultáneos en los distintos niveles de gobernanza han contribuido a que la participación se perciba como un enfoque de obligada consideración, aunque no siempre se lleguen a alcanzar resultados óptimos.

Además de las contribuciones que la ciudadanía pueda hacer en la definición de determinados procesos públicos como planes, estrategias o presupuestos asumiendo el papel de consulta o co-decisión, también puede asumir posiciones de liderazgo en determinadas intervenciones vecinales o comunitarias. En este caso la administración puede asumir el rol de facilitador lo que puede ayudar a fomentar que la ciudadanía se apropie de los proyectos y tenga que estar a la cabeza de la toma de decisiones.

Sin duda, el gran reto es desarrollar la cultura auténtica de la participación basada en la confianza y la madurez. Resulta fundamental que las personas estén preparadas para participar libremente, disponiendo de la formación y las herramientas para hacerlo de forma que aporte al bien común, y que puedan sumarse visiones.